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En la situación crítica que
estamos viviendo, uno de los puntos de fijación de unos y otros son las
autonomías. Es redundante y constante la referencia al despilfarro, al choriceo,
a las prácticas abusivas o directamente criminales –varios ex–presidentes han
pasado por prisión, a estas alturas-, al descontrol… Y esas referencias
continuas no solo son internas sino que también externas. En realidad, han
tenido que ser la Unión Europea y los «mercados» los que nos han obligado a
poner en tela de juicio las autonomías.
Y,
naturalmente, aquí, en nuestro país, no todo el mundo piensa del mismo modo. Hay
muchos, muchísimos españoles para los que el «estado de las autonomías» es
tabú. Como diría Serrat, «Niño, que eso
no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca». Muchos de los que se
ponen muy nerviosos con este asunto ni siquiera son nacionalistas. Algún día
veremos cuál es el origen de su escándalo fariseo e interesadísimo.
Pero
lo que me interesa en este momento es hablar de la credibilidad de nuestro país
como tal. Y para ello, indudablemente, la estructura que nos hemos dado en la
Constitución es un asunto capital. Y no solamente esta estructura, el famoso
«estado de las autonomías», sino el uso que de hemos hecho de ella.
La
credibilidad de un país es sinónimo de fiabilidad. Y un país es fiable en tanto
que es responsable. Pese a lo que pueda parecer a primera vista, si bien la
primera responsabilidad es siempre del gobierno de turno, un país no es solo su
gobierno. Y eso lo tienen muy claro el resto de países y de instituciones
internacionales. Aunque el primer interlocutor es siempre el gobierno, la
visión que del país se tiene fuera no viene dada exclusivamente por este. Y,
las decisiones que toman otros países, otras instituciones, los mercados y los
particulares con respecto a nosotros, tienen muy en cuenta cómo «funcionan» los
españoles.
Uno
de los graves problemas de fiabilidad de nuestro país es, a mi entender, la
estructura autonómica del estado. Y no solo por los usos y abusos que se han
cometido, razón en sí misma ya muy poderosa para perder la credibilidad, por
irresponsables. Sino porque un país con semejante estructura es un país débil, complejo
y tendente a la desunión práctica.
Me
gustaría dejar claro que no estoy hablando de los políticos de turno, ni de sus
caciquismos, ni de sus choriceos, ni de sus abusos. Ese no es el tema hoy. Se
trata de la estructura del estado, sin polvo ni paja. Lo que quiero decir es
que la propia estructura autonómica hace las cosas muy complejas, muy
incómodas, muy poco prácticas. Y favorece per
se la aparición de esos políticos y otros espabilados de los que no estoy
hablando aquí.
Por
ejemplo: la actividad cotidiana del país. El derecho a la sanidad pública. Hoy
por hoy, un español cualquiera que viaje, no sabe a ciencia cierta si va a ser
atendido o hasta qué punto, en otra autonomía. No va a ser el primero que, en
esas circunstancias, se lleve sorpresas muy desagradables. Para ello, debe andar
buscándose la información previamente y, después, ver qué pasa en el caso concreto.
No es más que un botón de muestra.
La
mayor parte de la legislación del estado se concreta, posteriormente, en una
reglamentación autonómica, con su normativa particular. En consecuencia,
cualquiera que tenga que hacer algo en más de una autonomía debe estudiar
despacio las particularidades legales de cada una de ellas. Con lo que, en vez
de facilitar las cosas, las complica netamente: un país más complejo en el día
a día.
De
otra parte, los cambios legislativos están siempre al albur de los resultados
electorales cada cuatro años. Una persona o una compañía o un inversor que
quiera llevar a cabo un planteamiento de carácter nacional tiene que tener muy
en cuenta este asunto: lo que hoy sirve en cuatro años puede no servir. Pero,
ojo, multiplicado por 17. La fiabilidad a medio plazo es, en consecuencia, muy
poco estable.
Las
cuentas del país son prácticamente inabordables. Los procesos necesarios para
manejar el dinero público y controlarlo en un país «autonómico» son tantos y
tan complejos, que no hay forma de llevarlos al día. Al propio tiempo, el
conocimiento real de las cuentas es prácticamente imposible y, en todo caso,
siempre con retraso. Insisto, hablo de un estado con gobernantes ideales. Los
Presupuestos Generales del Estado son el punto de partida. Pero es que,
después, están los Presupuestos Generales de cada autonomía, que dependen del
primero.
No
voy a seguir poniendo ejemplos. Las continuas llamadas de atención de la Unión
Europea, del FMI, del Banco Central Europeo o de países como Estados Unidos o
China, van mucho más allá del déficit de las cuentas autonómicas. Es que no se
fían de un país estructurado así. De ahí la presión que ejercieron todos ellos
para que el Gobierno Zapatero, con el acuerdo ineludible del Partido Popular,
cambiase la Constitución en 2011. ¿Se trataba de un cambio sobre el déficit?
Iba mucho más allá. Era un modo de meter en cintura una parte del estado
autonómico, la más urgente en ese momento. ¿Por la irresponsabilidad de los
políticos? Sí, en primera instancia. Pero, sobre todo, por la precariedad
estructural de un estado diseñado de este modo. Si se hiciese una encuesta
entre los gobiernos de la Unión Europea, entre los dirigentes del Fondo
Monetario Internacional y de aquellos países que tienen intereses de carácter
económico potentes en nuestro país, estoy convencido de que la mayoría no
defendería nuestro «estado autonómico». Obviamente, no hay que hacer tal cosa,
pero creo que alguien en el gobierno debería tener claro el hipotético
resultado de la encuesta. Más que nada, para saber a qué nos enfrentamos.
No
ayuda mucho que las dichosas agencias de calificación internacionales
califiquen a algunas de nuestras queridas autonomías como «basura»: pero es
que, con razón o sin razón, es lo que hay, y en función de esto se toman
algunas decisiones, no nos engañemos.
Imaginemos
hoy, con la que está cayendo, y visto desde fuera, una España sin autonomías;
sin que, por ejemplo, una de ellas pida el rescate porque ya no puede más y, al
mismo tiempo, exija su propia agencia tributaria (algo que desde fuera, los que
nos deben prestar la pasta, deben verlo muy fiable, muy responsable… ¿o no?).
Imaginando una España así, yo me pregunto: ¿Seríamos más ágiles? ¿Tendríamos
respuestas más unificadas? ¿Tendríamos una capacidad de decisión más rápida?
¿Podríamos sumar más personas y más esfuerzos a defender nuestra posición
unitariamente? ¿Podríamos dar únicas respuestas? ¿Nuestra legislación sería una
sola para todo el mundo, españoles y extranjeros?
En fin, que
Dios nos pille confesaos.
Argako urretxindorra
